Por Cecilia De  Alba Narváez

Comisaria de Familia

Desde el pasado 19 de mayo, nuestro  país se encuentra en declaratoria de emergencia por violencias de género;  figura política creada  en el  Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (art 344).  Tal vez esta sea, la novedad más impactante, de los muchos cambios, que nos trajo  esta nueva ruta de gestión del gobierno del cambio, que pretende ubicar a Colombia como potencia mundial de la vida.

Aunque el PND, descarta que esta declaratoria haga referencia a los estados de excepción regulados en el artículo 215 de la Constitución Política, que se generan “ante las situaciones de perturbaciones graves e inminentes, del orden económico, social y ecológico del país, o hechos que constituyan grave calamidad pública”:

 Particularmente considero que resultaría válida referenciarla como un estado excepcional, y qué mayor carta de justificación para este Estado de Emergencia, que el diagnóstico de la  ONU:  “Las emergencias humanitarias en Colombia exacerban, y son exacerbadas, por una variedad de formas de violencia basada en género: violencia sexual, SVC, explotación sexual, a menudo relacionadas con el reclutamiento de niños, la VBG como una estrategia negativa de afrontamiento, así como la violencia íntima, son una realidad diaria, especialmente para niñas, adolescentes y mujeres, pero también para hombres y niños.

Se considera que más de 2 millones de mujeres y niñas corren el riesgo de sufrir violencia de género en 2022 (PIN); para 330.000 de ellos/as, predominantemente indígenas y afrodescendientes que viven en la región del Pacífico del país, los niveles de riesgo de violencia de género se proyectan como catastróficos. Las personas expuestas a múltiples discriminaciones – por desplazamiento, discapacidad, LGTIBQ+, etnia, etc. – enfrentan mayores riesgos de VBG. (“La situación de las mujeres en Colombia”, ONU, 2022).

Indica el PND que con esta nueva política se busca “lograr transformaciones que nos lleven a una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, que supera las discriminaciones de tipo económico, social, religioso, cultural y político, así como las basadas en género, étnico-racial, generacionales, capacidades físicas, de identidad y orientación sexual, donde la diversidad será fuente de desarrollo sostenible y no de exclusión” (Art. 7), y entre otros cambios se ordena:

-Creación e implementación del Mecanismo para la prevención y Atención integral de violencias y actos de discriminación a población LGBTIQ+;

-Fortalecimiento del Programa Nacional de Casas para la Autonomía de las Mujeres -CAM-

-Programa de adjudicación de tierras para mujeres rurales; viii) Sistema Nacional de Monitoreo de las Violencias Basadas en Género -VBG;

-Fomento de oportunidades y eliminación de barreras para las mujeres;

-Transformación del Fondo Mujer Emprende,  en el Fondo Para la Promoción dela Autonomía y el Emprendimiento de la Mujer: Mujer Libre y Productiva, tendrá  Un patrimonio autónomo constituido mediante fiducia mercantil.

-Creación del mecanismo para la prevención y atención  integral de violencias y actos de discriminación a población LGBTlQ; bajo la orientación del  Ministerio de Igualdad y Equidad en articulación con los  Ministerios de Defensa Nacional,  de Justicia y del Derecho,  del Interior,  Educación Nacional, de Salud y Protección Social,  Trabajo, y Cultura,  la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura.  junto con la participación de la Comisión Accidental de Diversidad Sexual del Congreso de la República, el Ministerio Público, representantes de la academia y organizaciones sociales,

-Fortalecimiento de las comisarías de familia para la mejora de los servicios prestados  que garanticen la implementación y aplicación del enfoque de género e interseccional,  prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las personas mayores, así como la estandarización en los registros de las medidas de protección, las órdenes decretadas, el seguimiento y los incidentes de incumplimiento adelantados, las sanciones impuestas y los feminicidios; 

-Creación del Sistema Nacional de Justicia Familiar, que  tendrá como eje el fortalecimiento de las Defensorías de Familia, las Comisarías de Familia y demás autoridades administrativas encargadas de la protección integral y restablecimiento de los derechos de la infancia, la adolescencia y las familias.

-Creación del Programa Nacional de Casas para la Dignidad de las Mujeres -CDM- bajo la coordinación de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Sena, gobernaciones y Alcaldías, como mecanismo de coordinación de la oferta integral que garantice a las mujeres .el acceso a programas, proyectos, servicios, acciones y medidas de la política pública . dirigidas a alcanzar condiciones laborales dignas, apoyo psicosocial, acompañamiento.

Permanente

-Creación del  Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género -VBG-, bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer;  que centralize la información de los casos individuales, para hacer un seguimiento, elaborar alertas tempranas y estrategias de reacción.

-Fortalecimiento del Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género,  que funcionan en nivel departamental y municipal-

-Creación de  cuerpos élite en las Fuerzas Militares y de Policía con formación en violencias basadas en género para atender a las mujeres y prevenir las violencias.  Convocatoria de  Consejo de Seguridad por violencias basadas en género en el territorio nacional.

-Programas de capacitar con enfoque de género a aquellos funcionarios de la rama judicial y demás entidades que tienen a su cargo la atención de mujeres víctimas de violencias.

-Priorización de presupuestos y disponer todos los medios administrativos para prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres, así como para fortalecer los programas de asistencia técnico legal y de salud mental.    

-Instalación de la  Mesa Intersectorial liderada por la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres, que tendrá que reunirse al menos cuatro veces al año. 

-Diseño y activación efectiva de las rutas y protocolos de atención, independientemente de la instauración de la denuncia.

-Campaña nacional de pedagogía y diseño de estrategias de movilización social con participación de todos los medios de comunicación masiva.

-Creación de unidades de atención primaria para la salud mental de las mujeres víctimas de violencias basadas en género.

Se requiere la emisión pronta de los decretos presidenciales  que instrumentalicen esta nueva realidad político administrativa, y  esperamos que se constituyan en  una verdadera atención de fondo de esta problemática social, que desde hace décadas se declaró como calamidad pública;  pero ha sido muy pobre la atención brindada, lo que aún mantienen a la mitad de la población colombiana  en estado de riesgo o victima permanente.